¿PUEDEN SER SANCIONADAS LAS EMPRESAS POR CONTRATAR SERVICIOS NO LEGALES DE DRONES?

No se puede volar dentro de CTR, sobre el Puerto de Valencia, por ejemplo. No está permitido volar sobre núcleo urbano. Volar a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto está restringido. No se os ocurra volar por la noche o sobre un grupo de personas.

Nosotros, en Sincratech, sabemos que significa esto y las consecuencias de incumplir la ley, pero ¿lo sabe la empresa que contrata una empresa de drones? En contra de la creencia general, volar en zonas no permitidas puede costar a la empresa contratante, mucho, mucho dinero.

¿Te interesa saber más sobre esto?   Si quieres ahorrarte la explicación técnica, puedes pasar directamente aquí y conocer en que te puede repercutir, como empresa o institución contratar una empresa que esté volando de manera ilegal.

En la anterior entrada de la bitácora explicábamos a groso modo aquello que no está permitido hacer con drones.

De 21 posibles escenarios de actuación con drones, en España sólo están permitidos dos, lo que nos da una idea de la cantidad de zonas “oscuras” en las que se “podría” volar pero “no se puede” volar.

Primero vamos a explicar que una zona CTR (y para entenderlo, un ATZ)

  • Zona de tráfico de aeródromo (ATZ): Espacio circundante al aeródromo cuyo control depende de la torre (TWR). Se trata de un espacio que llega al suelo (por tanto, está terminantemente prohibido volar con drones) en un de 8 kilómetros en caso de aeropuertos y aeródromos con vuelo visual y hasta 15 kilómetros de aeropuertos que cuentan con vuelos instrumentales.
  • Zona de control (CTR): Es un espacio aéreo añadido al ATZ para facilitar la entrada y salida desde el ATZ al tráfico. Dicho CTR se encuentra bajo la responsabilidad del controlador, quien guía a los aviones. Está PROHIBIDO VOLAR a cualquier nivel en las zonas de CTR. Por tanto un dron NO TIENE PERMITIDO volar en esas zona.

Por ejemplo, mirad todas las zonas en las que está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO volar cerca de la ciudad de Valencia. “Cerca”, relativamente, porque la realidad es que hasta Cheste por una parte, la Albufera y, casi, casi, Puçol, está completamente prohibido volar. Por tanto, en NINGÚN municipio de L’Horta de Valencia (desde Meliana a Silla, pasando por Torrent, Alaquàs, Quart de Poblet, Paterna o Valencia, incluyendo su puerto, está permitido volar, diga lo que diga el ayuntamiento de turno.

CTR Aquí ponemos la imagen del CTR de Valencia, que comprende el interior de esa forma bordeada de azul.Pero esto sucede en la práctica totalidad de provincias españolas (es uno de los precios de tener una de las mayores redes aeroportuarias por kilómetro cuadrado del mundo).

Imaginemos que un ayuntamiento de l’Horta, considera interesante mostrar una panorámica de su municipio. En el mejor de los casos abrirán concurso público y en el peor lo asignarán a algún “conocido”. Sea como sea, con suerte, la operadora (si es que está constituida como operadora y tiene seguro de responsabilidad civil, lo que ya es mucho más que la media) dirá que está prohibido volar sobre núcleo urbano. Pero volará por los alrededores del municipio obteniendo unos magníficos planos de la localidad a vista de dron. El problema es que si está dentro de CTR es completamente ilegal.

El alcalde de turno se regodea con el magnífico vídeo que ha realizado la empresa y se afana en mostrárselo al mundo. Lo que no sabe es que la oposición, que es bastante pilla, lo ha descubierto, sabe de drones y lo denuncia. O simplemente, han pasado por una página como esta, en la que hay quien se atreve a decir sin tapujos que se está incumpliendo flagrantemente la ley.  ¿Qué podría suceder? Cosas así

Y no se para aquí, porque desde AESA ya han anunciado que la vigilancia se va a intensificar. Y la multa puede llegar a superar los 500.000 €.

Imaginad en el caso expuesto antes que alguien denuncia al ayuntamiento (o a cualquier empresa) por usar drones de manera ilegal.  ¿Qué ocurriría?

  • AESA citaría al contratante (en este caso el consistorio) y pediría el nombre de la empresa operadora que ofrece el servicio de drones.
  • AESA exigiría demostrar a la Operadora que no se ha incumplido la ley (existe presunción de culpabilidad).
  • En caso de no poder demostrar que no se ha incumplido la ley y que el vuelo es completamente legal, la Operadora respondería a la sanción económica, que puede llegar a alcanzar los 500.000 €.

¿Pero qué ocurre si la Operadora se declara insolvente o ya no existe? Entonces entran en juego tres conceptos jurídicos: responsabilidad solidaria, responsabilidad subsidiaria y extensión del deber de vigilancia.

 EL CONTRATANTE PUEDE RESPONDER ANTE LA SANCIÓN DEL CONTRATADO

La responsabilidad solidaria consiste en que tanto contratante como contratado (la Operadora) tendrían la misma responsabilidad en caso de sanción. Es decir, se trata de una obligación conjunta sobre una misma deuda. Eso, con la legislación española, no es así en caso de contrata de servicios como el que se ofrecen en una Operadora de vuelo.

Sin embargo, lo que sí que entra en juego, es la responsabilidad subsidiaria, es decir la que recae sobre un sujeto por el incumplimiento en el pago de una deuda por parte de un tercero. Al ser imposible recaudar al titular sancionado, se traslada la obligación a institución o empresa contratante.  Esto no significa que ahora la deuda por impago de la sanción pase a ser contraída por el contratante (el ayuntamiento en el ejemplo que estamos siguiendo), aunque AESA sí se le podrá reclamar a la empresa o institución en caso de incumplimiento de la orden y en la cantidad que tuviera pendiente de abono en ese momento por parte de la Operadora. Es decir, la responsabilidad subsidiaria solo existe en caso de que el deudor principal no pague.

Imagine el problema de una institución responsable subsidiaria de una sanción

¿Y la extensión del deber de vigilancia? Básicamente lo que dice es que cualquier empresa que contrate a otra es responsable subsidiaria de esta si no cumple con el deber legal de advertir de las irregularidades existentes e informar a la autoridad competente.

Por tanto, en caso de que una empresa o institución contrate un servicio que fuera ilegal, en caso de que AESA comenzara un proceso sancionador contra la Operadora que iniciase dicho servicio y no pudiera hacer frente al pago total de la multa (que jamás podrá ser soportada por un seguro de responsabilidad civil al actuar fuera de ley), la propia AESA podría iniciar a través de los mecanismos recaudatorios del Estado, mediante responsabilidad subsidiaria, el cobro de la sanción a la empresa o instalación contratante.

Ahora imaginemos el caso inicial: un ayuntamiento de l’Horta de Valencia contrata a una empresa para sacar unos magníficos planos de su pueblo. Una vez tienen el vídeo lo exhiben con orgullo, pero la oposición se da cuenta de que se han cometido irregularidades (por ejemplo, vuelo dentro de CTR, que es el que la inmensa mayoría de Operadoras, aunque parezca mentira, desconocen) y denuncian ante AESA. O simplemente un avión notificó la presencia de un objeto no permitido en espacio controlado.

En asuntos aeronáuticos merece la pena hacer las cosas bien, ya que nos librará de numerosos disgustos

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) inicia expediente sancionador a la Operadora y le pide el pago de 60.000 € (lo que no es mucho en comparación con el máximo que podrían exigir). Pero la operadora no puede afrontar el pago completo, abona 15.000 € y se disuelve. Si quiere, AESA podría exigir el pago del faltante al ayuntamiento en cuestión. Y el consistorio ya iniciaría un proceso judicial para repercutir la sanción ante los tribunales, y esto con suerte y la ya ex operadora no se ampare en el incumplimiento de la extensión del deber de vigilancia para diluir las responsabilidades.

dron_prohibidoImagine el problema de dicho ayuntamiento cuando se hiciera público por prensa que deben pagar 45.000 euros por haber cometido una ilegalidad. Da igual el resto, la pena de telediario ya los habría dejado marcados, porque de lo que se hablaría sería de malversación (porque jurídicamente lo sería), incumplimiento de la legalidad vigente y demás.

En una empresa privada la situación, aunque complicada, no lo sería tanto, aunque por regla general rodaría alguna cabeza.

Esta entrada en la bitácora no está pensada para dar miedo, sino para que tanto empresarios, como instituciones, como las propias operadoras sean conscientes de los problemas que conlleva el no hacer las cosas bien hechas.

En Sincratech tenemos un servicio de consultoría que por una cantidad irrisoria en comparación con la multa, y le podremos asesorar sobre si el trabajo para el que quiere contratar o que se le contrate es legal o no lo es. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de este formulario. En asuntos aeronáuticos merece la pena hacer las cosas bien que mal, ya que sirve para librarnos de muchísimos disgustos.

2018-03-05T11:26:05+00:00

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies